Con un claro desafío de enfrentar el “negocio” de las obras sociales sindicalistas, el Gobierno Nacional arremetió contra otra de ellas. En esta oportunidad, y mediante un Decreto firmado en la mañana de hoy miércoles, dispuso la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (Ospicha), que depende del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado, Tripería y sus Derivados (Soeicha).
Según informó, lo hará con un plazo de 180 días, pero el Ministerio de Salud tendrá la posibilidad de prorrogarlo si lo considera necesario para poder finalizar con la normalización de la entidad.
Se mencionó además que el interventor designado por el Poder Ejecutivo es Graciano Iván Corte, según consta en el texto normativo firmado por el Presidente de la Nación Javier Milei y por el ministro de Salud, Mario Lugones.
Obras sociales en la mira
De esta manera, el Gobierno intervino a otra obra social vinculada al agro, en paralelo a la disputa que el Estado nacional tiene con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) por el manejo de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera).
Cabe recordar que la UATRE celebró a mediados de 2024 la recuperación del control de Osprera, pero pocas semanas después el Gobierno la intervino, denunciando serias irregularidades.
Desde entonces, el gremio ruralista viene reclamando al respecto y la disputa llegó a su punto más álgido la semana pasada, cuando el sindicato acusó al Estado de ser el responsable de la muerte de un paciente al que se negó el tratamiento oncológico.
A la hora de justificar los motivos de la intervención a Ospicha, el Gobierno señala problemas en la situación institucional y de cobertura médico asistencial, de acuerdo a una auditoría integral mediante la cual se obtuvo información actualizada y relevante al respecto.
