Por primera vez en la historia democrática argentina, una ex presidenta electa por el voto popular irá a prisión por delitos de corrupción. No se trata de venganza ni de persecución: se trata de justicia.
Argentina: nadie está por encima de las reglas.
LAOPINIONLa condena definitiva a Cristina Fernández de Kirchner, con fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, no es apenas el final de una causa. Es el principio de una comprensión más profunda de lo que significa vivir en un Estado de derecho.
Lo que ocurrió este martes 10 de junio de 2025 marca un antes y un después: por primera vez, la idea de que “el poder no rinde cuentas” empieza a resquebrajarse. Y eso es un aprendizaje democrático monumental.
Durante años, millones de argentinos descreyeron de la política, de la Justicia, del Estado. Veían con resignación cómo los poderosos escapaban del alcance de las leyes, mientras el resto cumplía con reglas que parecían hechas solo para los comunes. Cristina Kirchner —como símbolo de esa impunidad— era, para muchos, el mayor exponente de una casta que se creía por encima del bien y del mal. La justicia demostró lo contrario.
La prisión de Cristina Kirchner no es una victoria de ningún partido. Es una victoria de la república. Porque el proceso que terminó con su condena no fue una emboscada judicial: participaron tres fiscales, más de quince jueces de todas las instancias, sentencias orales, apelaciones, revisiones, argumentos técnicos, batallas públicas. La defensa de la expresidenta agotó todos los recursos posibles. Y fue escuchada. Pero perdió.
No es un acto de odio. No es revancha. Es la consecuencia del funcionamiento de un sistema de pesos y contrapesos, donde las instituciones finalmente hicieron lo que deben hacer: aplicar la ley.
Cristina Kirchner fue condenada por fraude contra la administración pública en el caso Vialidad. No hay lugar para dudas ni ambigüedades: existe certeza judicial de que desvió fondos del Estado en beneficio de empresas amigas. La cifra, estimada entre 600 y 1000 millones de dólares, no es un número abstracto: es dinero que se le quitó a los argentinos para alimentar un circuito de poder y privilegios. Y por eso fue condenada.
La pena incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No hay proscripción: hay cumplimiento del Código Penal. No hay persecución: hay justicia.
Este fallo no transforma mágicamente a la Argentina en una nación ejemplar. Pero puede, al menos, sembrar una duda donde antes solo había cinismo. ¿Y si las instituciones sí pueden funcionar? ¿Y si ningún cargo, apellido o caudal de votos es suficiente para blindarse contra la ley?
Cristina Kirchner construyó una narrativa de victimización desde hace años. Pero hoy los hechos son más elocuentes que los discursos. El mensaje para la dirigencia es claro: nadie, ni siquiera quien llegó a la cima del poder político, está exento de rendir cuentas. El mensaje para la ciudadanía, también: el camino de la impunidad puede revertirse si se exige, si se persevera, si se cree en la ley.
El peronismo, que eligió no renovarse durante más de dos décadas, enfrenta ahora un vacío. La prisión de su principal figura lo obliga a repensarse. No hay liderazgos eternos, y no puede haber proyectos que dependan de una sola persona. El país necesita un nuevo ciclo político, pero también una cultura política distinta: menos caudillista, más republicana; menos emocional, más racional.
Cristina Kirchner ya es parte de la historia. El desafío ahora es construir futuro.
Esta no es una jornada para festejar. Es una jornada para reflexionar. No pongamos la vara de la justicia en los líderes carismáticos, ni en los presidentes, ni en los partidos políticos. La justicia no es algo que se otorga desde un atril ni se defiende con cánticos. Es una de las columnas invisibles pero firmes del equilibrio republicano, que los padres de nuestra patria decidieron consagrar en la Constitución Nacional.
Los ciudadanos votamos ideas, partidos, personas. Elegimos rumbos, buscamos esperanza o enfrentamos desafíos. Pero es la justicia, en su labor silenciosa, rigurosa y muchas veces ingrata, la que nos garantiza que la república funcione. No nos dejemos amedrentar por quienes gritan que hacen justicia, ni por quienes se proclaman víctimas de ella. Este proceso ya culminó todas sus etapas. Y su veredicto es legítimo porque no proviene de un ánimo de revancha, sino de un compromiso con la ley.
Hoy la Argentina no castigó a una persona: reafirmó que nadie está por encima de las reglas. Y en esa certeza, modesta pero profunda, empieza a construirse un país mejor.