DE LA REDACCION. El complejo entramado que se construye alrededor de la tragedia de Rosario tras la explosión del edificio de Salta al 2100, en el que falleció el pergaminense Santiago Laguía y otros jóvenes de nuestra ciudad resultaron heridos, aún transita una primera etapa.
En los Tribunales provinciales se discuten las responsabilidades de la tragedia más grande de la historia de Rosario, donde todos coinciden en que la magnitud del hecho desembocó en la causa más compleja en la que alguna vez hayan trabajando.
Bajo la carátula de “estrago culposo agravado”, recibieron cientos de testimonios y que se acumularon en 13 expedientes de 200 fojas cada uno.
Hay 21 querellantes y once imputados por la explosión que arrojó 22 víctimas fatales, 70 damnificados con daños físicos y psíquicos y 300 con daños materiales.
Entre los imputados se encuentran el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, los únicos que estuvieron detenidos. Otro gasista de nombre José Allala, quien trabajó doce días antes del fatal desenlace y admitió que manipuló la válvula y la misma suerte corren los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
En tanto, Litoral Gas, una empresa que había sido sancionada 22 veces en los últimos cuatro años por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y que tiene otros tantos procesos abiertos, afronta un nuevo proceso administrativo con trece imputaciones. Hay cinco involucrados: los inspectores reclamistas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba y su jefe, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.
Defensa
Litoral Gas, que se expresó públicamente mediante una solicitada y a través de su vocero, dijo que toda la culpa es del gasista y el consorcio. “No encontramos responsabilidad en el hecho”, reiteró el gerente de Relaciones Institucionales, José María González.
En realidad, la empresa distribuidora abrió una fuerte batalla en todos los frentes. Pidió la nulidad de todas las declaraciones de sus empleados y funcionarios, aunque ya había logrado imponer un recurso: fue cuando la Sala IV de la Cámara de Apelaciones apartó a Javier Beltramone, el segundo juez de los tres que tuvo la causa.
Curto, el primero, se había declarado incompetente y Beltramone, que tomó las riendas, fue desplazado tras una presentación de los abogados de Litoral Gas. Consideraron que incurrió en prejuzgamiento cuando habló de responsabilidades y la Cámara dio lugar a la recusación, lo que generó malestar entre los familiares de las víctimas. La causa siguió adelante en el juzgado de Instrucción Nº 10, de Patricia Bilotta.
A pesar de su posición pública, la firma, a través de la aseguradora La Meridional, realizó una oferta a los damnificados y familiares de víctimas para acordar económicamente a cambio de que desistan de avanzar con la acción penal y con los reclamos civiles posteriores. Les ofrecieron 1.200 dólares por metro cuadrado perdido y un «valor vida» en el caso de los fallecidos.
A poco de conocerse la iniciativa, a fines de noviembre, representantes de querellantes expresaron su rechazo. “La prioridad de algunos de mis representados no es la parte económica sino la responsabilidad penal. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, declaró la abogada Alicia Bollati. A la par, no son pocos los damnificados materiales que ven con buenos ojos la propuesta.
Novedades
El jueves se presentó en el Juzgado el informe final de las pericias sobre la válvula y el gabinete de gas que la firma GIE realizó en Mar del Plata junto a peritos de todas las partes. No obstante los resultados podrían no ser determinantes.
Lo que se discute, en definitiva, son las acciones u omisiones, la rigurosidad de los controles previos, las inspecciones y las capacitaciones sobre los matriculados, así como también los cumplimientos de las normativas y de los protocolos de seguridad y rehabilitación del servicio. También, el tiempo que demoró Litoral Gas en cortar suministro después de la explosión y quién y cómo lo hizo, ya que según la normativa debe realizarlo por sus propios medios y una de las sospechas es que participó una cuadrilla de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La investigación sigue además con dos nuevos testimonios: el de un empleado de Litoral Gas que envió un mail a la Municipalidad para romper la vereda frente al edificio con carácter urgente, un trabajo que nunca se hizo, y la única sobreviviente de las personas que estaban en la torre del medio, la estructura que colapsó por completo.
Para conocer si serán procesados y quiénes, habrá que esperar hasta febrero, cuando la jueza Patricia Bilotta resolverá una situación sobre el que nadie aventura nada. (Fuente: Rosario3.com)