T ermina la feria judicial, dentro de una semana, y los que respiraron durante enero, ya deben volver a enfrentar sus obligaciones judiciales. Es el caso del vicepresidente de la Nación Amado Boudou que volverá a enfrentar a la Justicia. El fiscal federal Jorge Di Lello prepara una solicitud con una batería de medidas de prueba para avanzar en las causas en las que el vicepresidente es investigado por su incremento patrimonial y porque supuestamente intentó quedarse con la imprenta Ciccone, a través de testaferros.
En principio la fiscalía impulsará un pedido con decenas de declaraciones testimoniales. Di Lello intenta precisar con ellas la ruta del dinero que llegó a las arcas de la eximprenta Ciccone, con el propósito de sanearla y evitar su quiebra.
Además, la fiscalía prepara otra medida para relanzar el caso en el que se investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo ha recabado ya centenares de documentos sobre los bienes del vicepresidente, sus declaraciones juradas y las de sus familiares cercanos, además de la información fiscal de su novia, Agustina Kämpfer.
Di Lello quiere motorizar esa parte de la causa, por lo que pedirá la designación de un perito contador con la intención de iniciar el análisis de las cuentas de Boudou, sin perjuicio de la documentación pedida por el juzgado mediante centenares de exhortos enviados a fines del año pasado.
Entre los testigos que el fiscal quiere escuchar se cuentan los titulares de las mutuales y cooperativas de crédito que aparecen aportando los fondos que le permitieron a la exCiccone evitar la quiebra y mantener su giro comercial, pagando sueldos y sin despedir empleados.
Esos fondos, según Alejandro Vandenbroele, abogado monotributista y exdirector de la exCiccone hasta su estatización, provino de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, Federalia Sociedad de Finanzas y Maxifarm. Todos esos aportes de dinero están unificados en cabeza de Mayer Business Corporation, propiedad del banquero Raúl Moneta y la misma sociedad que realizó el primer aporte de capital en The Old Fund, a través de la accionista uruguaya Dusbel, en octubre de 2010.
Por otra parte el Banco Macro acumula vínculos con el caso Ciccone. Entre otros, allí operan las cuentas de The Old Fund y de su exsocio minorista Sergio Martínez, quien estuvo prófugo de la justicia de Estados Unidos y pagó dos camionetas Kia para la precandidatura porteña de Boudou con cheques de ese banco. Además, el ex alto ejecutivo del Banco Macro Máximo Lanusse ingresó a la nueva Ciccone como su número dos. El fiscal quiere que se expliquen cómo fue la asistencia financiera a la empresa y de quién era la plata.
The Old Fund es la misteriosa firma que aportó dinero para evitar la quiebra de la exCiccone. Detrás de ella aparecieron el fondo holandés Tierras International Investments CV y, luego, la firma uruguaya Dusbel SA, con acciones al portador.
Ciccone estaba en problemas con la Afip por una deuda impositiva impagable que la ponía al borde de la quiebra. Según declaró Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta, a la Justicia, buscaron acercarse a Boudou para evitar la quiebra de la firma. Reinwick, Ciccone y su hija Olga Beatriz afirmaron que Boudou deslindó en su socio y amigo, el marplatense José María Núñez Carmona, las negociaciones y dijeron que lo que les proponían era salvar la empresa a cambio de quedarse con el 70 por ciento de las acciones.
El primer paso para sanear la empresa fue un aporte de The Old Fund, que se quedó con el control de la exCiccone hasta la estatización. Esa firma, presidida por Vandenbroele, colocó al menos 50 millones de pesos que permitieron darle oxígeno, empezar a pagar a la Afip y operar.
Vandenbroele y Boudou juran que no se conocen, a pesar de que el abogado vivió en el departamento de Puerto Madero del vicepresidente, pagó el cable y las expensas. La exmujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, declaró que para ella su exesposo era testaferro de Boudou. La Justicia confirmó la validez de ese testimonio. Tras la feria de verano podría quedar más claro cuál era en realidad el vínculo entre ambos.
Todos los datos y decisiones que está tomando la justicia van en el orden legal correcto, pero lo que los argentinos esperamos es que las tramitaciones lleguen a los objetivos concretos y si Boudou es responsable de todas las acusaciones que pesan sobre su cabeza, sea condenado, con total independencia de su cargo o rango político. Porque sería muy ejemplificador en la Argentina que quienes están en el poder enfrenten a la Justicia como cualquier hombre de a pie…
