De acuerdo con los últimos acontecimientos, las posibilidades de que no comiencen las clases la primera semana de marzo y, en cambio, haya medidas de fuerza son cada vez mayores.
Las posiciones muy encontradas entre las partes están haciendo fracasar la negociación salarial entre la Casa Rosada y los cinco gremios docentes con representación nacional. En consecuencia, la mayoría de los gobiernos provinciales dilatan sus respectivas paritarias, a la espera de la cifra que actúe como vara de medida. Entre ellas está Buenos Aires, que ayer por la tarde era nuevamente aplazada tras haber finalizado el segundo e infructuoso encuentro entre el Gobierno nacional y los dirigentes de Ctera, Amet, UDA, CEA y Sadop.
Hasta ayer, entre las pretensiones gremiales y las del Gobierno había unos 10 a 15 puntos porcentuales de diferencia. No obstante, alrededor de las 18:00 se supo que la cartera de Sileoni había mejorado la oferta inicial del 22 por ciento más 2.000 pesos en dos veces en concepto de presentismo. Cualquiera haya sido el acercamiento, no fue aceptado.
Sin conversaciones en las provincias, las posiciones tienden a endurecerse y crece la sospecha de que se anunciará un aumento por decreto, para lo que todos los gremios (nacionales y provinciales) ya tienen acordada la respuesta: paro de 72 horas para los días 5, 6 y 7 de marzo.
Así lo hizo saber Ctera, gremio alineado con la CTA oficialista de Hugo Yasky, que anunció que si no hay acuerdo y el Gobierno avanza con fijar la suba salarial por decreto, como advirtió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, las clases no comenzarán.
El ambiente en que se producen las negociaciones es hostil y de mucha obstinación. Es perceptible para la sociedad porque, dada la difusión que todo tiene hoy, las posiciones de las partes son exteriorizadas antes de que se produzcan las reuniones.
Otro aspecto a destacar de esta versión 2014 de una película ya vista es que ambas partes sostienen posiciones que, aunque puedan parecer válidas, no representan reales intereses. Por un lado, es una realidad la situación de varias provincias –entre ellas la nuestra- que no pueden físicamente hacer frente a la demanda; para ello debieran endeudarse o recibir ayuda y para ambas cosas quien tiene la potestad es el Estado nacional. Además, deben ajustarse a otra realidad inminente: a continuación deberán acordar también con el resto de los gremios de empleados públicos. Particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, para lo primero debe autorizar y para lo segundo debe girar, lo uno como lo otro implicaría un costo político: el de dejar a Scioli en una muy buena situación electoral.
Las provincias, en su totalidad, necesitarían unos 24.000 millones de pesos para dar respuesta a la demanda de los docentes y la mayoría depende de los giros de coparticipación para hacer frente mes a mes a estos costos. No obstante la gravedad de este problema, que se sabía ocurriría como cada febrero, el Gobierno lanzó el plan Progresar, que implica una erogación mensual de 11.000 mil millones. Es decir que al menos la mitad de los recursos estaban para actualizar el salario docente, para destinar a aquellos que justamente hacen a una de las patas del Progresar: la terminalidad educativa. ¿A qué clases van a asistir los jóvenes “ni ni” si los maestros no vuelven a las aulas? Definitivamente, no tiene este Gobierno un orden de prioridades, que también queda a la vista con la millonada de dinero que se lleva gastada en la mudanza de la estatua de Cristóbal Colón, que hoy yace desmembrada detrás de la Casa Rosada, a pesar de mediar una orden judicial en contrario.
Por el lado de los docentes, si bien es lógico el pedido de que el salario se adecue a los índices inflacionarios, tendrían que aceptar que fruto de malas negociaciones anteriores hay mucho dinero que hoy cobran en mano y que no es remunerativo que podría pasar a formar parte del básico, lo que los pondría a la altura del Mínimo, Vital y Móvil. Es decir, que la demanda de más dinero físico, cumplida esta instancia, tendría que ser menor y más accesible al Estado. Al fin y al cabo fueron los propios dirigentes gremiales los que en alguna oportunidad aceptaron estas cifras “en negro” que aunque no sumen para jubilaciones, salen de la misma caja y van directo a su bolsillo.
También se escuchó decir a Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que “lo primero que tiene que hacer el Gobierno es despejar el ítem del presentismo porque es volver al menemismo y es extorsivo”. En los hechos, tampoco es justo que aquel docente que cumple debidamente con su labor no tenga este beneficio que rige en el ámbito privado. Además, el abuso de las licencias por parte de los docentes se ha convertido en un problema que, además de afectar la calidad educativa de un alumno, daña severamente las finanzas del Estado, que tiene que pagar dos y hasta tres veces por un mismo puesto de trabajo. Esta es una realidad innegable porque es evidente también a los ojos de los padres, sin embargo, los gremialistas afirman que esta medida es extorsiva para evitar la adhesión a los paros; es probable pero al mismo tiempo evita el alto ausentismo que se registra en muchas escuelas públicas. Alguna vez los gremios debieran hacerse cargo de ese tema y proponer ellos una salida; ahora el Gobierno lanza este incentivo que –parece- ellos han tomado muy personalmente, sin ver que ayuda a dar solución a un problema real. Habrá quienes hagan buen uso de las licencias por enfermedad y quienes adhieran con convencimiento a las medidas de fuerza, pero también hay de los otros. Y, como toda medida general, habrá justos que pagarán por pecadores.
Volviendo a la cuestión salarial, la problemática de fondo no es otra que la inflación, que lleva a los gremios a pedir mayor porcentual y al Gobierno a tratar de contener los incrementos porque generarían más expectativa inflacionaria.
En el ámbito de la negociación hay un relato que marca claramente la diferencia entre uno y otro modo de encarar un acuerdo. Se trata de dos hermanas que discuten sin solución de continuidad por la única naranja que hay en la casa. Es decir, la posición de ambas es que quieren la naranja. Luego interviene la madre y le pregunta, a cada una, para qué quiere la fruta. La primera le responde que quiere tomar un jugo mientras que la segunda le explica que necesita la ralladura de la cáscara para saborizar una torta.
La participación de la madre (un negociador) dejó claramente establecidas cuáles eran los intereses de las partes más allá de lo evidente de sus posiciones. Así, se sentaron a una mesa y negociaron el usufructo de la misma naranja.
Lo cierto es que ni Gobierno ni dirigentes gremiales tienen una escala de prioridades del todo coherente, lo que hace que las desinteligencias sean mayúsculas y obstinadas, además de atravesadas por cuestiones políticas. Es decir, se negocia sobre la base de posiciones y no de intereses, como debiera ser. De esta forma, el fracaso es el único resultado posible.