El término de banda solemos usarlo, cada vez con más frecuencia lamentablemente, cuando necesitamos referirnos a un grupo de individuos que se juntan con el fin de cometer actos delictivos; y la referencia “zaffaroniana”, pronto deberemos incorporarlo a la lengua local, ya que es usada para determinar a la doctrina aplicada por el funesto juez, mediante la cual, el delincuente goza de todas las concesiones que lo transforman, al aplicarla, en víctima; condenando a quienes ven vulnerados sus derechos, aún los constitucionales, en responsables de las causales que llevan a los delincuentes a victimizar a los ciudadanos.
Por si no quedó claro, atraigamos desde el “chip” de nuestra memoria, la magistralmente denigrante sentencia del nefasto juez, cuando consideró en su sentencia sustancial atenuante, el hecho en que un niño fue abusado y violado sexualmente por un adulto, en un ambiente en que la luz estaba apagada. Lamentablemente los nicoleños estamos padeciendo idéntica situación, dado que, en nuestro departamento judicial, y para el Ministerio Público, la aplicación de esta doctrina fundamentalista es prácticamente usual con todos los delincuentes; y es por ello, que deben auto incriminarse culpables, a fin de resolver por sí mismos, si desean ser sometidos a la parodia de un juicio. Pesa sobre ello que, lógicamente, no han tenido consideración alguna por las secuelas causadas por la vulneración de los derechos de los ciudadanos, a partir de los delitos cometidos, y por los cuales han sido acusados por las víctimas, o sus forzados herederos. Prácticamente, en la delegación local del MinisterioPúblico, ¡NO HAY OTRA FORMA!
No importan las pérdidas de víctimas, o el estadío en que quedan las personas que dependían de ellas. Tampoco, la impotencia de los vecinos que ven como gratuitamente, y obviamente contra su voluntad, deben limitarse a observar con absoluta pasividad, como sus bienes pasan a ser propiedad de los marginales, que, ante la incontrastable inoperancia del poder judicial, terminan siendo premiados por sus fechorías, sin que siquiera los fiscales responsables de defendernos, intenten analizar las graves secuelas inducidas, o investigarlas como legalmente corresponde.
Sólo les importa, y a cualquier precio, aún el de la dignidad de funcionarios del sistema acusatorio, evitar cualquier efecto indeseable en favor de los delincuentes, a pesar que deberían permanecer con sus derechos constitucionales controlados bajo la estricta tutela de jueces probos. Cosa que, obviamente e incontrastablemente, aquí no se aplica. Basta con ver las estadísticas sobre los resultados de los delitos denunciados y positivamente resueltos, que no se publican en la medida que debieran, y por datos que han trascendido, están alrededor del 3 al 5 %. Sí, solo de 3 a 5 delincuentes son llevados a juicio de cada 100 delitos denunciados, … y de ellos, ¿cuántos realmente llegarán a cumplir condena? No sabremos nunca esa cantidad. Por otra parte, ante la justificada impotencia de concretar fehacientemente las denuncias, sabiendo que no habrán de resolverse;
¿Cuántos serán los delitos que nos han victimizado, sin haberlos denunciado?Ante el maltrato y abuso de autoridad de parte de los funcionarios, que padecemos sistemáticamente, cada vez que, habiendo sido damnificados persistimos en intentar formular alguna denuncia, en cualquiera de las 15 sedes de fiscalías, ¿Cuántos somos capaces de perseverar en nuestro objetivo…aún sin desestimar la general? La verdad que muy pocos.
Y si lo logramos, vasta consultar a los estudios jurídicos para tener una aproximación del porcentaje de causas que son archivadas indebidamente, en forma corrupta. Y si existiera algún numerario de cualquiera de las reparticiones policiales, que en su mayoría son inocuas, que pretendiere tener por sí el coraje de capturar a algún ciudadano en el acto de estar cometiéndolo, porque tiene la vocación ideal, y el sentido común para ejecutarlo, sabe que corre peligro cierto de ser investigado, tanto por la forma como realizó el procedimiento, como si lo concretó o no con la anuencia de algún funcionario del ministerio público; sabiendo que invariablemente carecen de la correcta formación, y por sobre todo sin saber, si están imbuidos de cuál es la función de su oficio; siendo la constante, en casi todos ellos la ignorancia de lo que significa ESTAR AL SERVICIO de los ciudadanos.
Lamentablemente los miembros de la fiscalías obran revirtiendo esta principal opción, desechando la práctica de ejercer sus funciones responsablemente, y lo hacen detentando un poder para el cual NO están habilitados, careciendo de inteligencia y capacidad, actuando generalmente con indeseada soberbia, tal como si fueran ciudadanos de condición superior, arrogándose atribuciones que no les son conferidas ni competentes; pero que lamentablemente son la que resguardan y aplican al momento de investigar los delitos y a sus autores; causales de la inseguridad ciudadana, que tanto daña a la sociedad por estos tiempos en detrimento de sus integrantes
Alguien tendrá que poner coto a estos indeseados exabruptos. Somos los ciudadanos, que desde una activa participación comunitaria y bajo el amparo de nuestra constitución, quienes tenemos la potestad de organizarnos y conformar foros y observatorios sobre el sistema judicial local, para poner un control sobre sus funcionarios, a fin que se desempeñen de forma tal, que se cumplan todos los preceptos necesarios, para que las acciones judiciales transiten bajo el debido proceso. Será necesario la redacción de un nuevo código de procedimiento penal, y que nuestros legisladores provinciales redacten uno, capaz de cubrir las necesidades que como ciudadanos estamos demandando No son los miembros del poder judicial quienes están eximidos de la consideración ciudadana.
No siempre se expresan correctamente a través de sus fallos, y no lo son porque inconstitucionalmente, y cada vez con mayor frecuencia y virulencia, se subrogan a los políticos de turno. Hoy los ciudadanos estamos vulnerados en los servicios judiciales, porque no son tales, ya que desplazan a la sociedad hacia los designios de caudillos, pseudopolíticos, que están en contra de los derechos que los ciudadanos clamamos, ya que elegimos ser miembros de una NACION democráticamente vivible, y donde cada uno de nosotros, no tiene más derechos que cada uno de los habitantes, que suponemos, la conformamos.
