Mientras Javier Milei recorta con motosierra en áreas sensibles del Estado, los fondos reservados para la inteligencia se dispararon un 254% en apenas cinco meses. La nueva SIDE opera con bajo perfil, pero concentración inédita de poder político, presupuesto creciente y una estructura que podría abrir la puerta al espionaje interno.
La motosierra se detuvo en la SIDE
En los primeros cinco meses de 2025, el Gobierno nacional aplicó un ajuste brutal en educación, salud, cultura y otras áreas esenciales. Sin embargo, hay una excepción notoria: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —nombre rescatado de los 90 por decisión del propio oficialismo— recibió aumentos presupuestarios que contradicen por completo la narrativa de austeridad.
El dato más llamativo: los gastos reservados pasaron de $3.794 millones en enero a $13.436 millones en mayo, un salto del 254%, sin mayor control público ni debate parlamentario profundo.
La estrategia del goteo: cómo se evitaron los escándalos
Luego del fallido intento inicial del Gobierno por aumentar $100.000 millones de forma directa vía DNU —medida que fue derogada por ambas cámaras del Congreso—, el oficialismo optó por una nueva estrategia: sumar fondos en cuotas, sin hacer ruido.
Así se distribuyeron en dos tandas: primero con el DNU 186/25 (marzo), que habilitó $1625 millones extra, y luego con una decisión administrativa publicada el 5 de mayo, que incrementó $25.000 millones, de los cuales más de $8000 millones fueron a gastos reservados. Además, la SIDE recibió $7685 millones para bienes de uso, lo que implica un aumento del 1560% en cinco meses.
¿Para qué se usan los fondos? Secreto y sospechas.
El presupuesto reservado no rinde cuentas públicas. Solo una bicameral del Congreso tiene atribuciones de control, pero esa comisión apenas se ha reunido en lo que va del año. Ahora, se evalúa citar a Santiago Neiffert, luego de que se conociera que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) incluye posibles acciones de espionaje interno, algo prohibido por ley.
Según publicaciones del Diario LA NACION, se emitirían órdenes para monitorear a periodistas, economistas y actores sociales que critiquen al Gobierno, amparados en conceptos vagos como “riesgos a la estabilidad”.
Caputo fue quien eligió a Sergio Neiffert —de perfil bajo, exfuncionario de Malvinas Argentinas— como “Señor 5”, y definió una estructura con tres subagencias, una división de asuntos internos y renovaciones estratégicas. Escuchó a viejos espías como Antonio “Jaime” Stiuso y Enrique “Coti” Nosiglia, y ubicó a hombres de confianza en puestos clave.
El regreso de los históricos y los debutantes.
El nuevo organigrama mezcla perfiles veteranos y técnicos jóvenes:
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Diego Kravetz, exfuncionario porteño, maneja operaciones como “Señor 8”.
Alejandro Colombo, exvínculo con la CIA y el Mossad, está al frente del área internacional.
Ariel Waissbein, experto en blockchain, lidera ciberseguridad.
Cristian Auguadra, contador, dirige la División de Asuntos Internos.
Bautista “Tata” Yofre, jefe de la SIDE en tiempos de Menem, hoy lidera la Escuela Nacional de Inteligencia y milita en redes como influencer libertario.
La vigilancia como hipótesis.
Uno de los ejes que más preocupación genera es la directiva interna que ordena monitorear “grupos sociales vulnerables” y actores no estatales que podrían capitalizar la polarización política. La denuncia del diputado Pablo Juliano al Congreso pide explicaciones urgentes. ¿Puede una SIDE refundada con discurso anti-kirchnerista terminar utilizando el espionaje interno como herramienta política?
El Gobierno presenta esta transformación como una “modernización institucional” de la inteligencia. Pero el aumento de fondos, el secretismo, la concentración de poder y el regreso de viejos operadores hacen pensar en un proceso de restauración antes que de renovación.
Hugo Alconada Mon.
En este contexto, resultan clave las investigaciones del periodista Hugo Alconada Mon, quien desde las páginas de La Nación ha sostenido una línea editorial firme y documentada sobre los abusos del poder en el sistema de inteligencia. Alconada Mon, reconocido por su rigurosidad y por exponer tanto redes de corrupción como mecanismos opacos del Estado profundo, ha sido uno de los primeros en advertir sobre los riesgos que implica el crecimiento silencioso de los fondos reservados y el diseño de un Plan de Inteligencia Nacional que podría reabrir la puerta al espionaje interno, amparado en una supuesta “defensa de la estabilidad institucional”. Su trabajo aporta no solo datos duros, sino también una lectura crítica imprescindible para entender la magnitud de lo que está en juego.
En democracia, la inteligencia estatal no puede convertirse en una caja negra fuera de control ni en una herramienta para vigilar opositores o críticos. El aumento desmesurado de fondos reservados en tiempos de ajuste debe ser no solo explicado, sino estrictamente auditado.