La inseguridad sigue siendo un tema de campaña, pero además una preocupación permanente de la ciudadanía, en toda la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también en Pergamino, donde sin solución de continuidad se producen hechos de variable gravedad que alimentan un clima de inseguridad. Es más lo que se siente y se sabe que lo que se registra porque la gente cada vez menos denuncia, resignada ante la improbabilidad de una respuesta y confortada por haber preservado la vida. Los casos más emblemáticos en este sentido son los robos de celulares a menores, a razón de varios por día, en que los padres ni se acercan a las comisarías aunque en la intimidad lamentan el caos en que se vive.
Sabido es que el delito es de origen multicausal, por lo que en consecuencia su morigeración o erradicación vendrá de la mano de políticas de Estado de diversa índole. Pero hay un aspecto común y clave para combatirlo que es la Policía, sin lugar a dudas.
Esta semana el gobierno de Daniel Scioli admitió que hay sólo 32.000 policías operativos en la provincia de Buenos Aires, en un plantel que asciende a 58.000 agentes, por lo que sólo el 56 por ciento está destinado a combatir el delito y garantizar la seguridad.
El reconocimiento fue hecho por el propio ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que presidió la reunión del Consejo Provincial de Seguridad. Dijo que unos 26.000 uniformados no tienen tareas operativas, a pesar del crecimiento de la inseguridad, y que el presupuesto del área se encuentra subejecutado.
En la reunión del Consejo estaban presentes el vicegobernador Gabriel Mariotto y 17 legisladores oficialistas y opositores; sin embargo, no participó el ministro de Justicia, Ricardo Casal, a cuyo cargo estaba también el área de Seguridad hasta la llegada de Granados.
La ausencia de Casal se explica porque quizá sabía que se iba a tratar la problemática de la Policía y a que mientras fue ministro de Seguridad nunca había revelado la cantidad de efectivos que no están asignados a tareas operativas por motivos varios, como licencias por enfermedad –unos 8.000-, extraordinarias y otros.
No obstante, no sería solución para Granados que la totalidad de efectivos estuvieran en funciones puesto que considera que en realidad la Provincia necesitaría un plantel de unos 100.000 policías
Los números del ministro Granados sobre la cantidad de agentes que están destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires generaron sorpresa e inquietud. Pero sobre todo la certeza de que la delincuencia crece al ritmo de la falta de policías en las calles, la falta de prevención y la ineficacia que eso genera.
Unos 15.000 efectivos se incorporarían entre este año y 2015 como nuevos integrantes, 5.000 egresados por año; otros miles saldrían de la reincorporación de uniformados bajo licencia y de la reasignación de algunos que cumplen tareas administrativas; otros podrían ser policías retirados sumados a servicios de custodia. Ese es el plan de Granados para equiparan el combate a la inseguridad.
Pero, mientras tanto, la única alternativa de Scioli para contrarrestar el flagelo es apoyarse en el Gobierno nacional – lo que le implica mantener impolutas sus relaciones con el kirchnerismo duro- para suplir el déficit solicitando que el aporte temporal de efectivos de la Prefectura y la Gendarmería se convierta en permanente.
El propio Granados fue claro al advertir que pretende que las fuerzas federales queden en la provincia de Buenos Aires, que el trabajo sea permanente y no solamente por 90 días.
A su vez reveló que el presupuesto provincial para el área de Seguridad está subejecutado, aunque pospuso para la próxima reunión el informe preciso sobre los recursos que faltan utilizar. Ante semejante avanzada delictiva que se vive y el reclamo perenne de las comisarías del interior bonaerense por la falta de recursos, escuchar estas declaraciones provoca bronca. Basta con recordar casos en que móviles no han podido salir a patrullar o a socorrer por falta de combustible para justificar esa lógica sensación. Sin ir más lejos, el Municipio de Pergamino se ha visto compelido a solventar alquileres de delegaciones policiales y a abastecer los móviles para asegurarse una cobertura más o menos efectiva por parte de la Bonaerense.
Concretamente, en lo que va del año se habría ejecutado sólo un 10 por ciento del presupuesto, pero el Ministro de Seguridad no quiso asegurarlo; fueron los legisladores opositores los que han sacado las cuentas.
También quedó en la reunión el compromiso de tratar lo antes posible los proyectos para crear policías municipales en la provincia, un proyecto que tiene el gobernador Scioli hace tiempo en carpeta y que el massismo también reclama. Incluso para que se apruebe la propuesta antes de las elecciones de octubre.
Por su parte Granados se definió como “un hincha fanático” de la Policía Comunal, de modo que la salida de la ley es casi un hecho.
La creación de una policía municipal, que se reporte a los intendentes y cuyos efectivos tengan arraigo en la ciudad donde trabajan donde reside su familia, generará un verdadero cambio en el esquema policial tal cual lo conocemos. Ya que la bonaerense es una policía claramente centralizada, que responde al gobernador y que tiene comisarios en las ciudades, pero que no reportan a los intendentes y sus necesidades. Veremos en la implementación cómo funciona, pero es la reestructuración más profunda que se pueda pensar en materia de inseguridad en esta etapa.
Es interesante que se logre más policía en la calle y además una fuerza comunal; ambas propuestas pueden ser el inicio de una solución. Lo que evidentemente ya no se puede es seguir en este estado de cosas.
