Agustina Propato presentó un proyecto para restituir la obligación de contratar serenos en buques. Alerta por desregulación y pérdida de empleos portuarios.
Agustina Propato Diputada Nacional
LAOPINIONLa diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto para restablecer la obligatoriedad de los serenos en buques. Asegura que la medida es clave para la seguridad. La iniciativa de Propato y Carignano busca restablecer la regulación que el Gobierno desmanteló
La legisladora zarateña Agustina Propato, junto a Florencia Carignano, presentó un proyecto de ley que busca derogar el artículo 4 del decreto 37/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este artículo eliminó la obligación de contratar serenos en buques que operan en puertos argentinos, modificando el Régimen de Seguridad Portuaria.
La iniciativa surge como respuesta a una política de desregulación iniciada en 2023, que —según las autoras del proyecto— pone en riesgo la seguridad marítima y la estabilidad laboral en un sector estratégico para el país.
El decreto cuestionado suprimió la normativa que exigía presencia permanente de serenos, personal encargado de la vigilancia, control y prevención de delitos en embarcaciones amarradas. Desde el ámbito parlamentario, advierten sobre el aumento de riesgos como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.
Además del impacto en seguridad, el decreto pone en peligro miles de empleos. Para Propato, la decisión del Gobierno Nacional debilita los mecanismos de control, desprotege a los trabajadores y afecta la soberanía sobre los puertos.
El proyecto recibió respaldo de sectores gremiales y especialistas en seguridad portuaria, que subrayan la necesidad de recuperar regulación activa en zonas sensibles del comercio exterior.
Desde el entorno legislativo señalan que la norma anterior no solo tenía impacto laboral, sino también estratégico en términos de defensa nacional y economía, dado que los puertos son puertas de entrada y salida de bienes, personas y dinero.
La iniciativa de Propato y Carignano busca restablecer la regulación que el Gobierno desmanteló como parte de su agenda desreguladora. La discusión será clave para determinar si prima el enfoque de seguridad y protección del empleo, o si avanza la desregulación total.
“Esta no es solo una discusión legal: es una batalla por la soberanía, por el trabajo y por el control del territorio argentino”, aseguran desde el entorno de Propato.