El anuncio del presidente Javier Milei sobre una nueva reducción de retenciones para el agro generó una inmediata repercusión en todo el sector productivo argentino. Las principales entidades rurales, representantes de la cadena granaria, exportadores e industriales coincidieron en valorar la medida como una señal positiva hacia la producción, aunque dejaron en claro que el reclamo histórico del campo continúa siendo la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
La decisión oficial contempla una baja de las retenciones al trigo y a la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio próximo, además de un esquema de reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027. Según explicó el mandatario durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la oleaginosa tendrá rebajas mensuales de entre 0,25% y 0,5%, dependiendo de la evolución de la recaudación y de la continuidad del programa económico del Gobierno.
La noticia fue recibida con expectativa en las zonas agrícolas más dinámicas del país, particularmente en la región núcleo, donde el trigo y la soja representan pilares centrales de la economía regional. En Pergamino y el norte bonaerense, donde el inicio de la campaña fina coincide con buenas reservas de humedad y mejores perspectivas climáticas, el anuncio reavivó el debate sobre el peso de la presión tributaria sobre la producción agropecuaria.
La situación en general
Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, anfitriona del evento, su presidente Ricardo Marra sostuvo que la medida “va en el camino correcto” y consideró que la reducción de retenciones podría traducirse en mayores niveles de producción e inversión. Según manifestó, el alivio impositivo representa una señal favorable para la competitividad de toda la cadena agroindustrial.
También la Sociedad Rural Argentina expresó su respaldo a las medidas oficiales. En un comunicado difundido luego del anuncio presidencial, la entidad consideró que la reducción de alícuotas permitirá recuperar competitividad, incentivar inversiones y fortalecer el desarrollo productivo. Sin embargo, insistió en que el objetivo final debe ser “Retenciones Cero”, al definir los derechos de exportación como un tributo “distorsivo” que afecta el crecimiento del sector.
En esa misma línea se expresó Marcos Pereda, vicepresidente de la entidad, quien señaló que el Gobierno comenzó a delinear “la hoja de ruta” que el agro viene reclamando desde hace años. El dirigente recordó además que el sector arrastra décadas de presión impositiva y consideró clave avanzar hacia un esquema más previsible y sustentable para las inversiones productivas.
Industriales y su visión
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) también celebró el anuncio y destacó especialmente el cronograma de reducción para la soja, un cultivo que continúa siendo el más castigado por las retenciones dentro del esquema exportador argentino. Desde la entidad remarcaron que cualquier disminución en los derechos de exportación mejora la competitividad y genera mejores perspectivas para el negocio agroindustrial. Además, señalaron que trabajarán junto al Ministerio de Economía para evitar distorsiones en la comercialización durante la implementación de las medidas.
El Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales también se manifestó favorable al nuevo esquema. Desde ese ámbito señalaron que la reducción en trigo y cebada, junto con el sendero de baja previsto para la soja, constituye una señal positiva para toda la cadena granaria y aporta previsibilidad en un momento clave para las decisiones de siembra.
El campo y la región
Entre los dirigentes rurales también aparecieron matices. Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, consideró que las medidas “mejoran márgenes y dan previsibilidad” en medio de un escenario marcado por el aumento de costos y las dudas que todavía persisten sobre el área de siembra de trigo. No obstante, sostuvo que el sector esperaba un ritmo más acelerado en la reducción de retenciones y pidió avanzar con mayor velocidad. Además, reclamó inversiones en infraestructura y logística que acompañen el alivio tributario.
Desde Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari coincidió en que el anuncio representa un paso en línea con el histórico reclamo del agro, aunque advirtió que la reducción proyectada para la soja sigue resultando insuficiente para muchos productores. Según señaló, los márgenes continúan muy ajustados debido al incremento de costos productivos y a la elevada carga tributaria que todavía pesa sobre la actividad. La dirigente pidió además esperar la reglamentación definitiva de las medidas para evaluar su alcance real.
La industria molinera también reaccionó favorablemente. Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, aseguró que el anuncio sorprendió positivamente al sector y consideró que puede transformarse en un incentivo importante para fortalecer la próxima campaña triguera. Según explicó, una menor presión impositiva puede ayudar a sostener o incrementar el área sembrada en un contexto donde el cereal vuelve a ganar protagonismo productivo.
Un debate abierto
Más allá de las repercusiones inmediatas, el debate volvió a poner en escena uno de los temas históricos de la política agropecuaria argentina: las retenciones como mecanismo de recaudación fiscal y regulación económica. Desde hace décadas, los derechos de exportación atraviesan la relación entre el Estado y el campo, generando fuertes tensiones políticas y económicas, especialmente en momentos de alta rentabilidad agrícola.
En el Gobierno sostienen que la reducción gradual de impuestos solo será posible sobre la base del equilibrio fiscal y la consolidación macroeconómica. Milei volvió a insistir en que “la misión es achicar el Estado para bajar impuestos” y vinculó el futuro de las rebajas tributarias al sostenimiento del superávit fiscal.
Mientras tanto, en el interior productivo las entidades rurales y los productores siguen observando con atención cada movimiento vinculado a las retenciones. Para el agro, la baja anunciada representa una señal favorable y una mejora parcial en los números del negocio, pero todavía insuficiente frente a un reclamo histórico que continúa vigente: avanzar hacia un esquema sin derechos de exportación y con reglas de largo plazo que permitan planificar inversiones, producción y exportaciones con mayor previsibilidad.
